Alertan de la «inseguridad jurídica» que lastra a los pueblos ante la expansión de renovables
VIAs esgrime el proyecto de Capital Energy, que contempla tres líneas de evacuación sobre la Abadía de Compludo, sin junta vecinal.
La compañía Capital Energy pretende instalar más de 500MW de energía distribuidos en varios parques eólicos en La Maragatería, La Cabrera o en el término de San Cristóbal de Valdueza, con las correspondientes líneas de evacuación que desembocarían en la subestación eléctrica colectora de Compostilla II. Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) ha advertido este martes de que para los vecinos de los pueblos del sureste de Ponferrada resulta «especialmente difícil posicionarse con respecto a estos proyectos, al carecer la mayoría de capacidad jurídica».
La principal línea de evacuación de energía proyectada por Capital Energy constaría de 47 postes a lo largo de 18 kilómetros que atravesaría, entre otras localidades, Espinoso de Compludo, Los Barrios de Salas o Campo, que carecen de junta vecinal. Estos pueblos, al no estar constituidos como entidades locales menores, no pueden beneficiarse, o en su caso, oponerse a la proliferación de proyectos renovables, ya que la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León obliga a dar audiencia a estas administraciones cuando se vea afectado su territorio.
Las entidades locales menores manejan su propio presupuesto y tienen potestad para imponer impuestos y tasas públicas a las actividades económicas, por lo que, si estos pueblos tuvieran personalidad jurídica, podrían cobrar tributos a las eléctricas por instalar torres de alta tensión en su territorio. «Los beneficios para estos pueblos son nulos con la situación actual, incapaces de revertir la cesión de espacio para renovables en inversiones para la localidad», señala la formación política.
«Otra fuente de ingresos para este tipo de administraciones es la explotación de títulos de derecho privado, a través de los montes de aprovechamiento comunal, para lo que es necesario adecuar y actualizar el inventario de bienes municipal», concluye VIAs.
