El PP reclama un aplazamiento de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones
Morala llevará al pleno una moción instando al Gobierno a retrasar la aplicación de una medida que califica de «antisocial».
El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha presentado una moción para su debate en el pleno municipal de Ponferrada “con la finalidad de instar al Gobierno de España a aprobar, con carácter urgente, las medidas legislativas correspondientes para acordar un aplazamiento en la obligación del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes”.
Asimismo, los populares reclaman que, en aras el principio constitucional a la autonomía municipal, cada entidad local disponga de la libertad de decidir si la creación de una ZBE es una medida efectiva para conseguir el objetivo de luchar contra la contaminación o no, «pudiendo estas entidades tener la libertad de delimitar su alcance y condiciones para cumplir así el principio de autonomía local».
Los populares consideran que tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al equipo de Gobierno socialista de Olegario Ramón en Ponferrada «les pilla la próxima entrada en vigor de la ley con los deberes sin hacer». En el caso del alcalde de Ponferrada, Morala recuerda que «llevamos instándole desde que empezó el año 2020 a acordar también con los interlocutores sociales las limitaciones y medidas especiales que se necesitan en Ponferrada. Ha pasado el tiempo y la propuesta del ayuntamiento es improvisada y mala, perjudicará al comercio y la actividad de Ponferrada, y con ella al empleo, y es profundamente antisocial».
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece la obligación del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), antes de 2023, para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, pero desde el PP reprocha al Gobierno que., «sabiendo desde hace años ese plazo todavía no ha realizado el desarrollo reglamentario de esta norma», no haya desarrollado ni concretado el mandato genérico de establecimiento de las ZBE. «Algo muy necesario, ya que el Ejecutivo debe establecer los requisitos mínimos que deben cumplir dichas ZBE, aportando seguridad jurídica a los usuarios, empresas y la ciudadanía en general», apostillan.
«El sentido común y la imposibilidad de una sustitución por vehículos menos contaminantes en lo inmediato aconsejan retrasar la entrada en vigor de la norma y unificar los criterios en un reglamento que suponga menos incertidumbre y diferencias entre ayuntamientos. De lo contrario lo pagarán los ciudadanos y los negocios de Ponferrada», concluye el portavoz popular.
