Un estudio sugiere usar las infraestructuras mineras para la instalación de renovables
El informe de Aliente asegura que toda la potencia proyectada cabe en zonas ya alteradas, «sin necesidad de sacrificar nada más».
El estudio Renovables sostenibles: fotovoltaica de la Alianza, Energía y Territorio (Aliente), desarrollado por el Observatorio de Sostenibilidad, constata que en España existen superficies antropizadas suficientes para instalar 181 GW, que producirían más de 272.037 GWh/año en energía fotovoltaica, unas cifras que son superiores al consumo anual que se produjo en España en el año 2021, de 259.905 GWh. De esta forma, concluyen que es posible desarrollar un importante avance en la producción de energía fotovoltaica con un mínimo impacto ambiental, asegurando una transición verdaderamente sostenible y eficiente, y respetando los procedimientos de evaluación de los efectos que esta industria tiene sobre el medio ambiente.
El informe revela que existen más de 300.000 hectáreas en tipos de superficie como tejados y cubiertas, zonas industriales, vertederos, escombreras, minas abandonadas, zonas aledañas a infraestructuras de autovías, autopistas y vías férreas, canales al aire libre e invernaderos ya consolidados como los de Almería, en los que sería posible instalar fotovoltaica. En los datos se excluye toda la superficie declarada Zona Importante para los mamíferos ZIM, áreas importantes para la conservación de las aves IBA, reservas de la biosfera MAB, y todas las áreas de la red Natura, ZEPAS y LICS, para preservar ecosistemas productivos o de gran valor para la biodiversidad.
Según se detalla en el informe, en tejados y cubiertas de edificios y naves habría un 57% de superficie disponible para instalar fotovoltaicas, en invernaderos un 17%, en infraestructuras mineras un 16%, en la red viaria un 5%, un 3% en canales, el 1% en vertederos y escombreras y en ferrocarril, y el resto hasta completar la producción de la energía necesaria estaría ubicado en zonas industriales.
Las comunidades autónomas con mayor superficie susceptible de instalar fotovoltaicas en zonas antropizadas son Andalucía (26%), Cataluña y Castilla y León (11%), Comunidad Valenciana (9%), Castilla-La Mancha y Madrid (7%), Murcia (6%), Aragón (5%), Galicia (4%), Extremadura, País Vasco y Canarias (3%), Navarra (2%), Asturias, Baleares, Cantabria y La Rioja (1%). Las comunidades con mayor superficie artificial e industrial para instalar tejados solares (incluyendo edificios residenciales, naves industriales, colegios, polideportivos, edificios públicos o centros comerciales –donde es más fácil y barato intervenir– ) son Andalucía (15%), Cataluña (14%), Castilla y León (12%), Comunidad Valenciana (11%), Madrid (10%), Castilla-La Mancha (8%) y Galicia (5%).
Instalar paneles solares en campos de cultivo «es insostenible»
Atendiendo a estos datos, sería posible solucionar el histórico déficit de producción de energía renovable en comunidades autónomas que son grandes consumidoras, como el País Vasco, Cataluña o la Comunidad de Madrid. «También demuestra que la supuesta falta de superficie disponible en entornos urbanos no es cierta», enfatiza Aliente.
La organización defiende que “no tiene ningún sentido y es totalmente insostenible” la actual política de instalar paneles solares en campos de cultivos y ecosistemas forestales, y es muy alarmante la propuesta de la Comisión Europea con el reglamento para acelerar los procesos de implantación de renovables, una decisión que pretende votar el 13 de diciembre solo por los ministros de energía para que entre en vigor al día siguiente.
Destacan que si se quiere acelerar la implantación debe hacerse sobre los suelos antropizados porque hay espacio de sobra, “es inadmisible que fomenten la mayor degradación medioambiental de la historia”. Consideran que cualquier proceso express debería encaminarse a dirigir a las empresas a implantar las renovables en las zonas antropizadas, que son las que se señalan en este informe. De tal forma, proponen que se establezca una moratoria en la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en el territorio para situarlas en zonas sin impacto ambiental, ni espacios naturales, ni superficies de uso agrícola, ni paisajes donde el sector turístico rural es el motor de empleo.
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